22
Feb

Recientemente, el Parlamento de Cataluña el Reglamento que desarrolla la Ley 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012,por la que se crea, entre otras exacciones, el Impuesto sobre viviendas vacías, aplicable a viviendas desocupadas durante más dedos años sin causa justificada; cuya entrada en vigor se prevé a partir del próximo 1 de marzo de 2016.

Este impuesto se aplica sobre viviendas vacías, entendiéndose como tal aquellas que han estado desocupadas de manera permanente durante más de dos años sin causa justificada. No obstante, se entiende que existe causa justificada cuando la vivienda vaya a ser rehabilitada, exista un litigio sobre la propiedad o esté ocupada ilegalmente. El devengo de este impuesto se produce anualmente cada 31 de diciembre.

Sonsujetos pasivos del mismo las sociedades o grupos de sociedades propietarios de las viviendas,titulares de un derecho de usufructo, de un derecho de superficie o de cualquier otro derecho real que otorgue la facultad de explotación económica de la vivienda; las entidades financieras y la Administración Autonómica que posean pisos desocupados en las denominadas “zonas de fuerte demanda”. Cabe notar que la Ley prevé una serie de exenciones para las personas físicas y las entidades del tercer sector de la red de inclusión social.

Esta nueva exacción grava los metros cuadrados de las viviendas desocupadas, estableciéndose un tipo progresivo entre 10 euros/ metro cuadrado (para viviendas hasta 5.000 metros cuadrados) a 30 euros/metro cuadrado, a aplicar sobre los metros cuadrados de las viviendas vacías.

Asimismo, la Ley prevé una escala de bonificaciones aplicables sobre la cuota del impuesto, entre el 10% y el 100%, para los sujetos pasivos en función de cuántas viviendas vayan poniendo en alquiler asequible, bien directamente o bien cediendo a bolsas de mediación para el alquiler social.

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B LAW & TAX

Alfonso Garrido Picon

13
Ene

Como muchos ya sabréis, se ha publicado, en el BOE del pasado 23 de diciembre de 2015, la Orden HAP/2783/2015, de 21 de diciembre, que aprueba el modelo 151 de declaración IRPF para contribuyentes del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español coexistiendo temporalmente con modelo 150 que se venía utilizando hasta la fecha, así como un nuevo modelo 149 de comunicación para el ejercicio de la opción por tributar por dicho régimen. (Este último modelo ya está colgado en la página web de la AEAT)

El nuevo régimen establecido desde 2015 para los trabajadores desplazados a territorio español establece la opción de tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con ciertas reglas especiales, manteniendo la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes, cuando se cumplan determinadas condiciones.

Las novedades consisten en:

•             La totalidad de los rendimientos del trabajo obtenidos durante la aplicación del régimen especial se entenderán obtenidos en territorio español.

•             Se gravarán acumuladamente las rentas obtenidas en territorio español durante el año natural, sin que sea posible compensación alguna.

•             Se separa la base liquidable en dos partes, a cada una de estas partes de base liquidable se le aplicarán los tipos de gravamen de una escala distinta.

La presentación se realizará solo por Internet, con certificado electrónico o Cl@ve PIN, a diferencia del modelo 150 que había que presentarlo personalmente en el banco o en hacienda dependiendo del resultado la de la declaración.

No obstante, se mantiene el modelo 150 para los contribuyentes que hayan optado por dicho Régimen Especial antes del 1 de enero de 2015 de acuerdo con el Régimen Transitorio establecido.

Régimen transitorio: los contribuyentes que se hayan desplazado a territorio español con anterioridad al 1 de enero de 2015 podrán optar por aplicar el régimen especial previsto en el artículo 93 de la Ley 35/2006 conforme a lo dispuesto en el citado artículo, y, en su caso, en la disposición transitoria decimoséptima, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2014, aplicando los tipos de gravamen previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en vigor en esta última fecha. Esta opción deberá realizarse en la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio 2015 y se mantendrá hasta la finalización de la aplicación del régimen especial. Para manifestar esta opción basta con que los contribuyentes presenten la declaración del impuesto 2015 utilizando el modelo 150 y no el modelo 151. 

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Alfonso Garrido Picon

11
Nov

El pasado día 24 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del mercado de valores.

En la citada ley, el antiguo artículo 108 pasa a tener su redacción en el artículo 314, por lo que la Ley de Mercado de Valores sigue dejando sin exención, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la trasmisión de valores no admitidos a negociación cuando con ella se pretenda eludir el pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de la entidad a la que representa dichos valores.

La nueva redacción del artículo mencionado solo modifica a la anterior cuando en la regla cuarta del punto tres se dice que, en las trasmisiones de valores que queden sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y no estén exentas, “tendrán la consideración de entrega de bienes afectos al mismo”. Esta inclusión tiene su origen en la modificación de la Ley de IVA en la que se introdujo el apartado octavo del artículo ocho, en él se incluye dentro de la consideración de entrega de bienes la transmisión de valores cuando con ella se atribuya una propiedad de un inmueble.

Recordemos que el antiguo artículo 108 de la Ley de Mercado de Valores, teniendo ahora su redacción en el artículo 314, dice que no gozará de exención la transmisión de valores cuando con ella se eluda el pago de los tributos adheridos a la transmisión del inmueble. Además, el artículo expone que se entenderá que se actúa con dicho fin cuando:

  1. Cuando con la trasmisión de los valores se obtenga el control de una entidad cuyo activo está formado en la menos un 50% de inmuebles radicados en España y no afectos a actividades empresariales.
  2. Cuando con la trasmisión se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se incluyan valores que permiten eje3rcer el control en otra entidad que cumpla el punto anterior.
  3. Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por aportaciones de bienes inmuebles, siempre que en tales inmuebles no se ejerza una actividad y entre la fecha de aportación y la de transmisión no hubiera transcurrido tres años.

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Alfonso Garrido Picon

26
Oct

HECHOS: Los consultantes, mayores de 65 años, vendieron en septiembre de 2014 dos fincas rústicas. Un parte del precio de venta lo recibieron en el momento de la venta y el resto se pactó recibirlo en cuatro plazos en los meses de mayo y septiembre de 2015 y 2016 (podrán optar por imputar la ganancia patrimonial a medida que los cobros resulten exigibles).

CUESTIÓN PLANTEADA: Se plantea si es posible que no tribute en el IRPF la ganancia patrimonial obtenida en caso de que los importes recibidos se destinen en el plazo de 6 meses a constituir una renta vitalicia asegurada.

CONTESTACION: la venta de las fincas generará en los propietarios que venden una ganancia o pérdida patrimonial, al producirse una alteración en la composición de su patrimonio que da lugar a una variación del valor del mismo, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, LIRPF). El importe de esta ganancia o pérdida se computará como la diferencia entre los valores de transmisión y adquisición de cada una de las fincas, determinados según lo que señalan los artículos 35 y siguientes de la LIRPF.

El artículo 14.1 de la LIRPF, recoge las reglas generales de imputación temporal de las rentas, estableciendo que “las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial”, alteración que, en este caso, se produce con la venta de las fincas en el ejercicio 2014.

No obstante lo anterior, el artículo 14.2.d) establece lo siguiente:

"En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, el contribuyente podrá optar por imputar proporcionalmente las rentas obtenidas en tales operaciones, a medida que se hagan exigibles los cobros correspondientes. Se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas cuyo precio se perciba, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos, siempre que el período transcurrido entre la entrega o la puesta a disposición y el vencimiento del último plazo sea superior al año.

Cuando el pago de una operación a plazos o con precio aplazado se hubiese instrumentado, en todo o en parte, mediante la emisión de efectos cambiarios y éstos fuesen transmitidos en firme antes de su vencimiento, la renta se imputará al período impositivo de su transmisión.

En ningún caso tendrán este tratamiento, para el transmitente, las operaciones derivadas de contratos de rentas vitalicias o temporales. Cuando se transmitan bienes y derechos a cambio de una renta vitalicia o temporal, la ganancia o pérdida patrimonial para el rentista se imputará al período impositivo en que se constituya la renta".

Teniendo en cuenta lo puesto de manifiesto, el ejercicio por los consultantes de la opción por la regla especial de imputación temporal implicará que la ganancia patrimonial obtenida por la venta de las fincas se impute a los periodos impositivos en que sean exigibles los cobros.

Por otra parte, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, ha añadido un nuevo apartado 3 en el artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, con vigencia a partir de 1 de enero de 2015, que dispone lo siguiente:

"3. Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine en el plazo de seis meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. La cantidad máxima total que a tal efecto podrá destinarse a constituir rentas vitalicias será de 240.000 euros.

Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida.

La anticipación, total o parcial, de los derechos económicos derivados de la renta vitalicia constituida, determinará el sometimiento a gravamen de la ganancia patrimonial correspondiente."

El artículo reproducido entró en vigor el 1 de enero de 2015, es decir, con posterioridad al momento en que se produjo la transmisión de las fincas por los consultantes. Por tanto, no podrá excluirse de gravamen la ganancia patrimonial obtenida, con independencia de que los consultantes opten por imputar la misma en los periodos impositivos en que resulten exigibles los respectivos cobros.

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Alfonso Garrido Picon

23
Oct

El 22 de septiembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria, viéndose modificado el artículo 150 "Plazos de las actuaciones Inspectoras" simplificando la regulación del procedimiento de inspección al ampliar los plazos de las actuaciones sustituyendo así el anterior régimen de interrupciones y dilaciones.

El nuevo plazo de duración de las actuaciones inspectoras será de 18 meses de carácter general y de 27 meses en determinados casos.

Dichos plazos no podrán ser prolongados en los siguientes casos:

·         Por aplazamientos solicitados por el obligado tributario para cumplir los trámites.

·         Por los períodos de espera en relación a la solicitud de datos a otras Administraciones.

Tras la modificación, las actuaciones inspectoras podrán ser suspendidas en los siguientes supuestos:

·         La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente sin practicar liquidación.

·         La recepción de una comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la suspensión o paralización respecto de determinadas obligaciones tributarias o elementos de las mismas de un procedimiento inspector en curso.

·         El planteamiento por la Administración Tributaria que esté desarrollando el procedimiento de inspección de un conflicto ante las Juntas Arbitrales previstas en la normativa relativa a las Comunidades Autónomas.

·         El intento de notificación al obligado tributario de la propuesta de resolución o de liquidación o del acuerdo por el que se ordena completar actuaciones a que se refiere el artículo 156.3.b) de la Ley General Tributaria.

Pudiéndose extender la duración del procedimiento en los siguientes casos:

·         Días de cortesía que solicita el obligado (máximo de 60 días).

·         Cuando el obligado tributario presente documentación, previamente requerida, de forma tardía.

·         Cuando se aporte documentación tras apreciar la aplicación del método de estimación indirecta.

Las actuaciones inspectoras han de llevarse a cabo en los supuestos de retroacción de actuaciones en un plazo máximo de 6 meses, la retroacción de actuaciones se refiere únicamente a los supuestos que se aprecien defectos formales.

Dichas modificaciones se aplicarán a los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la reforma.

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Alfonso Garrido Picon

13
Oct

Mudarse a Malta - Una Atractiva Ubicación dentro de la UE.

Malta ofrece desde hace poco, cinco programas de residencia para satisfacer las diferentes circunstancias individuales. Cada esquema proporciona una oportunidad para que los individuos se muevan a Malta y / o para obtener la ciudadanía de Malta y, posteriormente, un pasaporte maltés.

El más reciente es el llamado HN50Programa Inversionista Individual (PII)  que data de septiembre del 2015

El Gobierno de Malta ha introducido este nuevo programa de residencia, que está disponible para las personas de fuera de la UE y les permite residir o permanecer indefinidamente en Malta.

Programa Inversionista Individual (PII)

El Programa Inversionista Individual (PII) permite a las personas de fuera de la UE y a sus familias obtener la ciudadanía maltesa haciendo una contribución en efectivo al Gobierno Maltés  además de cumplir con otros requisitos.

Lo más atrayente de esta nueva VISA o PROGRAMA DE RESIDENCIA es que la ciudadanía maltesa va acompañada de un pasaporte maltés. 

Una ventaja clave para la obtención del  pasaporte maltés es que se trata de un pasaporte de la UE, que  implica la libertad de residencia en cualquier parte de la UE y la facilidad de los viajes en todo el mundo.

Como contrapartida a esta ventaja clave el solicitante principal debe realizar las siguientes inversiones:

  • Contribuir € 650.000 al Desarrollo Nacional y el Fondo Social.
  • Compra de una propiedad en Malta con un valor mínimo de € 350.000, que se debe mantener durante cinco años, o alquilar una propiedad por un valor mínimo de 16.000 € al año durante un mínimo de cinco años.
  • Invertir un mínimo de € 150.000 stocks elegibles gubernamentales, acciones u obligaciones de cinco años.

Hay un requisito adicional antes de que el inversionista y su familia tengan derecho a establecer su residencia en Malta. El Malta PII requiere una contribución adicional de € 25.000 por cónyuge y por cada hijo menor de 18 años. Se requiere una aportación de 50.000 € por cada hijo soltero entre las edades de 18 y 25 años, y para cada uno de los padres dependientes mayores de 55.

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Alfonso Garrido Picon

26
Feb

Reino Unido ofrecerá a las grandes fortunas del mundo la posibilidad de comprar un tipo de visa para acceder al país de forma automática que costará un mínimo de 2,5 millones de libras.

La medida, anunciada ayer por el Gobierno británico, sacará al mercado 100 visas al año de esta nueva modalidad. Tener este documento permitirá instalarse de forma inmediata en Reino Unido y acelerar los trámites para conseguir el pasaporte británico en un plazo de 5 años.

La propuesta del Ministerio de Interior intenta modificar el programa actual de concesión de visas para inversores que había recibido fuertes críticas en Reino Unido. Actualmente, más de 500 inversores al año reciben este tipo de visa tras comprometerse a invertir un mínimo de un millón de libras en Reino Unido. Con la nueva propuesta, el mínimo de inversión exigida para los extranjeros que busquen la residencia británica asciende a 2 millones de libras y además.

El caso británico se suma a la polémica decisión del Gobierno de Malta, que anunció recientemente su decisión de vender sus pasaportes comunitarios por 650.000 euros.

Las autoridades podrán exigir que la inversión beneficie  a las pequeñas y medianas empresas

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ASESORIA FISCAL EXPATRIADOS

27
Dic

El impuesto se calcula a partir del valor catastral del suelo, considerando una revalorización anual “automática, que viene predeterminada por la correspondiente ordenanza municipal (normalmente entre un 2,5 % y un 3 % al año). Sobre esta revalorización “presunta” se aplica un tipo que puede llegar hasta el 30 %.

05
Nov

La nueva Ley de Emprendedores plantea un cambio radical en la política inmigratoria, que a partir de ahora se regirá "por razones de interés económico".

El Gobierno pondrá "alfombra roja" a emprendedores, ejecutivos, trabajadores de alta cualificación y grandes fortunas dispuestas a meter dinero en España.

05
Nov

CONSULTA VINCULANTE V0665-13, de 4 de marzo de 2013.

ASUNTO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Residencia fiscal, exención del artículo 7 p) de la ley LIRPF y régimen de excesos.

La cuestión planteada en la consulta, versa sobre una sociedad, residente en España, que será subcontratada por una entidad saudí para ejecutar parte del proyecto de construcción, explotación y mantenimiento de una línea de Alta Velocidad en Arabia Saudí, del que ha resultado adjudicataria. Respecto a los trabajadores de la sociedad, se desplazarán al destino, en unos casos, con su familia, y, en otros casos, solos, bien por carecer de unidad familiar o porque su familia permanecería en España.

Aedf Af Icam Ifa